El Senado sancionó la Ley Nacional de Salud Mental N° 26.657, norma que establece una serie de garantías para las personas que padecen ese tipo enfermedades y que establece como principio rector la necesidad de evitar la internación de los pacientes en institutos neuropsiquiátricos (artículos 9° y 14°). Una de las claves de este texto es que considera como elemento básico y fundamental que el proceso de atención debe realizarse, preferentemente, fuera del ámbito de internación hospitalaria, reforzando de esta manera la restitución y promoción de sus lazos sociales, así como el trabajo interdisciplinario de los profesionales del campo de la psicología, psiquiatría, trabajo social, enfermería, terapia ocupacional y demás disciplinas pertinentes.
Además, la Ley promueve la internación en hospitales generales, para garantizar un examen completo del estado de salud de quienes padezcan este tipo de padecimientos. En su artículo 27°, asimismo establece: "Queda prohibida por la presente ley la creación de nuevos manicomios, neuropsiquiátricos o instituciones de internación monovalentes, públicos o privados. En el caso de los ya existentes, se deben adaptar a los objetivos y principios expuestos, hasta sus sustitución definitiva por los dispositivos alternativos".
La norma plantea un cambio de paradigma, partiendo de la presunción de capacidad y derecho de todas las personas, y de que la salud mental implica un abordaje integral e interdisciplinario que debe incluir aspectos históricos, sociales, culturales y hasta económicos.
Desde ese punto de vista, reconoce el derecho de las personas con problemas mentales a recibir atención médica integral y humanitaria, a conocer y preservar su identidad, a ser informado de los procedimientos médicos a los que es sometido y a que su estado no es inmodificable, entre otras garantías.
